Se crea un procedimiento para cuestionar las decisiones de los médicos tratantes. La propuesta está calculada para entorpecer la tutela, que permite acceder a servicios NO POS. Quedarán más desprotegidos los enfermos colombianos.
La ponencia de la Ley Estatutaria que respalda el gobierno nacional pretende otra vez propinarle un duro golpe a la tutela en salud, afirmó el senador Jorge Enrique Robledo. El congresista señaló que el texto propuesto está calculado para restringir el uso de este mecanismo judicial por parte de quienes requieren servicios por fuera del POS.
En la actualidad, las personas que presentan tutelas para que les presten servicios NO POS solo deben llevar a los jueces la orden del médico tratante, prueba suficiente para que los procesos sean fallados a su favor. Con la Ley Estatutaria del gobierno se crearía un mecanismo para que las decisiones de los galenos puedan ser objetadas por juntas médicas, complicando el proceso ante los jueces.
Con el nuevo procedimiento los colombianos que requieran de un servicio NO POS deberán someterse al dictamen de una junta de médicos que definirán si lo ordenado por el médico tratante es pertinente o no. De esta manera se golpearía la tutela, porque los profesionales de la salud que formulen algo por fuera del POS deberán enfrentarse a una “junta de expertos” para defender su decisión. Y si los médicos tratantes insisten en su posición y los pacientes presentan una tutela, los jueces deberán escoger entre dos conceptos médicos: el del médico tratante y el de la junta de médicos, por lo que sería muy difícil que los fallos sean favorables. El gobierno ha reconocido en varias oportunidades que su intención es golpear la tutela. El ministro de Salud afirmó en su momento que “La idea es que se resuelva qué se quiere cubrir en materia de salud y definir los mecanismos no judiciales de resolución de conflictos, para evitar lo que pasa ahora que se administra la salud vía tutela”. Y el día en que se radicó la reforma a la salud, el ministro de Hacienda afirmó que “el propósito también es acabar con la tutela como una fórmula para acceder a la salud en Colombia.